Artículo del Sr. General de División Jorge Céliz Kuong ex Comandante General del Ejército del Perú, publicado en su cuenta de Facebook el 5 de agosto de 2026, autorizado por el autor para ser difundido por CEGESEN.
*SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN INTERNO: LOS LÍMITES DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS*
Jorge Céliz Kuong
5 de agosto de 2026
El Perú atraviesa la crisis de seguridad más profunda de las últimas décadas. La expansión del crimen organizado, la extorsión, el sicariato y las economías ilícitas han debilitado la autoridad del Estado y reducido la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Ante este escenario, reaparece una propuesta que suele ganar respaldo en tiempos de incertidumbre: desplegar masivamente a las Fuerzas Armadas para patrullar las calles. La medida transmite una sensación inmediata de control, pero confunde una respuesta excepcional con una política permanente de seguridad.
La experiencia demuestra que ningún país ha derrotado al crimen organizado sustituyendo a la policía por militares. Las organizaciones criminales no operan como un ejército convencional. Funcionan mediante redes de inteligencia, financiamiento, corrupción y violencia selectiva. Enfrentarlas exige investigación criminal, inteligencia operativa y un sistema de justicia eficiente. La presencia militar puede apoyar temporalmente el restablecimiento del orden durante estados de emergencia, pero no reemplaza las funciones permanentes de una policía especializada.
La Constitución establece una clara distribución de responsabilidades. La Policía Nacional tiene la misión de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prevenir e investigar los delitos y proteger a la población. Las Fuerzas Armadas tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Solo de manera excepcional, durante los estados de emergencia previstos por la Constitución y bajo decisión de la autoridad política, pueden intervenir en el control del orden interno. Esa participación extraordinaria no modifica su naturaleza institucional ni convierte la seguridad ciudadana en una función permanente de carácter militar.
Convertir esa excepción en una política habitual tendría un elevado costo estratégico. Destinar soldados al patrullaje urbano reduce la capacidad para controlar las fronteras, combatir el narcotráfico, enfrentar la minería ilegal, impedir el tráfico de armas y proteger la infraestructura estratégica del país. Mientras los militares cumplen tareas que corresponden a la policía, las organizaciones criminales fortalecen sus corredores logísticos y amplían su influencia en zonas donde el Estado debería ejercer un control efectivo.
La respuesta pasa por reorganizar el sistema de seguridad con criterios de especialización y eficiencia. Las Fuerzas Armadas deben concentrarse en el control integral de las fronteras, la protección de la infraestructura crítica y la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad. Paralelamente, la Policía Nacional debe liberarse de funciones ajenas a su misión principal. Miles de efectivos continúan desempeñando labores administrativas, de oficina, protocolo, logística, vigilancia estática y otras actividades que pueden ser asumidas por personal civil especializado. Cada policía detrás de un escritorio representa un efectivo menos patrullando las calles, investigando delitos o desarticulando organizaciones criminales. La prioridad debe ser trasladar el mayor número posible de policías al servicio operativo.
Esa reforma también exige recuperar una capacidad que el Perú perdió hace décadas. La desaparición de la Policía de Investigaciones del Perú debilitó la investigación criminal especializada. Hoy resulta indispensable crear una Policía Nacional de Investigaciones, moderna, autónoma y altamente especializada, dedicada exclusivamente a la inteligencia criminal, la investigación científica, el análisis financiero y la desarticulación de organizaciones criminales complejas, trabajando de manera articulada con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Sir Robert Peel, fundador de la policía moderna, sostenía que “el objetivo principal de la policía es prevenir el crimen y el desorden”. Sun Tzu, por su parte, afirmaba que “la suprema excelencia consiste en vencer al enemigo sin combatir”. Ambos principios conservan plena vigencia. El crimen organizado no se derrota ocupando las calles con más fusiles, sino anticipándose a sus movimientos mediante inteligencia, investigación y decisiones estratégicas.
*El Perú no necesita militarizar la seguridad ciudadana; necesita instituciones fuertes, especializadas y correctamente empleadas. Una Policía Nacional concentrada en su misión constitucional, una Policía Nacional de Investigaciones dedicada al crimen organizado, unas Fuerzas Armadas enfocadas en la defensa nacional y un sistema de justicia capaz de sancionar con oportunidad constituyen la verdadera hoja de ruta para recuperar la autoridad del Estado. La seguridad duradera no nace de medidas simbólicas, sino de reformas institucionales que permitan neutralizar la criminalidad con profesionalismo, inteligencia y respeto al Estado de derecho.*
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