Hoy fui a dejar a mi hija a su centro de estudios y lo que debió ser un trayecto de rutina se convirtió en una odisea. A los problemas de tránsito propios de las Fiestas Patrias —el cierre de varias vías en distintos distritos y de la Avenida Brasil para la Parada Militar— se suma algo peor: pareciera que las municipalidades compitieran por ver cuál logra complicarle más la vida a sus vecinos. Quien me acompañaba esa mañana soltó un comentario que al principio me causó gracia, pero que, pensándolo bien, debería indignarnos a todos: “Parece que solo consiguieron máquinas para hacer huecos, no para taparlos”. La frase resume, mejor que cualquier informe técnico, el vía crucis que los conductores venimos viviendo estos días.
La verdad es que la ineficiencia de algunas autoridades ediles —a solo cuatro meses de las elecciones regionales y municipales que definirán a sus sucesores— nos condena a manejar sin rumbo para llegar a nuestros destinos, porque ni Waze ni Google Maps están preparados para semejante desorden.
Y cuando digo “sin rumbo” lo digo en serio: las autoridades, con una ineficiencia digna de los Guinness Records, han decidido asfaltar cuanta calle tienen a la vista, sin ningún criterio aparente. Aquí vuelve a la mente la vieja idea de un Ministerio de Infraestructura —promesa de más de un presidente en los últimos años— que ponga orden en la obra pública, incluida la del transporte urbano. No es posible que algunas calles se asfalten en cada gestión municipal mientras otras, más pequeñas o escondidas, queden en el olvido hasta convertirse en cráteres lunares que parecen zonas de combate antes que vías urbanas.
Lo peor es que ninguno de los contratistas responde a un plan que cualquier municipalidad decente debería exigir para evitar molestias innecesarias a los conductores. Bastarían un par de medidas básicas: realizar las obras de noche, cuando el tráfico disminuye y los desvíos se manejan mejor, y obligar a los contratistas a diseñar planes viales alternos, porque hoy lo único que se ve es a algunas personas con letreros de “alto” y “avance”, sin ninguna señalización real de por dónde debe circular el tránsito para evitar el caos. Esta falta de planificación obliga a los choferes a improvisar —y, muchas veces, a manejar en sentido contrario—, algo que no estaría tan mal si respondiera a un plan de rutas alternas y no a la simple necesidad del momento. Pareciera que, para las autoridades, prever desvíos solo es necesario en obras grandes, y no cada vez que se asfaltan cinco cuadras de una calle.
Las autoridades deberían planificar, de una vez por todas, el modelo de ciudad que se necesita construir. Resulta insostenible, por ejemplo, seguir diseñando avenidas de solo dos carriles —uno de ida y otro de vuelta— cuando el espacio real permitiría expandirlas a cuatro o más. En una metrópoli construida sobre el desierto, donde el territorio horizontal no escasea de la misma forma que en urbes encajonadas por montañas, es un contrasentido destinar áreas enormes a bermas centrales de césped que exigen un riego costoso y constante a no ser que el espacio sea utilizado para una ciclovía.
Peor aún: se mantienen veredas sobredimensionadas con jardines minúsculos y retiros desaprovechados que, bien planificados, podrían transformarse en zonas de estacionamiento permeable —en diagonal o en paralelo— intercaladas con arborización urbana definida. En lugar de priorizar el facilismo de pintar kilómetros de vereda de amarillo para luego colocar papeletas, la gestión municipal debería concentrarse en rediseñar la vía pública. Solo ofreciendo alternativas formales de parqueo se logrará que el conductor peruano —muchas veces propenso a estacionar donde le plazca— deje de bloquear el único carril libre para el tránsito.
Y ya que hablamos de aprovechar recursos: basta también de trabajar solo con brea. Se entiende que las obras con dinero público deben responder a un uso eficiente de los recursos del Estado, pero eso no puede significar usar un material que obliga a repavimentar la misma vía cada dos años, lo que hace que el supuesto ahorro no sea tal. En las ciudades de la sierra se usan adoquines de piedra, y en algunas ciudades de la costa ya se ha empezado a usar adoquines de mezcla de concreto como una alternativa aceptada. En todo caso, no hay razón para no emplear adoquines de material reciclado como en países más desarrollados. Dejemos de permitir que asfaltar se convierta en el método por defecto cada vez que el gobierno local necesita ejecutar su presupuesto para dar la imagen de eficiencia.
Otro tema que verdaderamente indigna es que, luego de incontables días —o meses— de sufrir todas estas penurias, y justo cuando la pista por fin está terminada, aparecen los contratistas de alguna empresa de servicios a romperla de nuevo, abriendo zanjas y reiniciando el desmadre. Un poco de coordinación bastaría para evitarlo: una comunicación formal a las empresas de agua potable, alcantarillado, electricidad, telefonía, gas natural y otras, informándoles que la vía permanecerá abierta hasta determinada fecha, para que aprovechen ese plazo y hagan los cambios que necesiten antes de que se selle el pavimento. Si no lo hacen, y terminan destruyendo lo que tanto esfuerzo y dinero público costó, la multa debería ser categórica y aleccionadora.
Dejen de tratarnos como hormigas obligadas a encontrar su propio camino en medio del caos que ustedes mismos crean. Cada vez que rompan una pista, deben haber previsto cómo minimizar el impacto en el ciudadano. No hacerlo solo demuestra el poco respeto que se nos tiene, y eso también debería ser motivo de sanciones, a través de alguna autoridad que nos proteja de la barbarie de la brea negra.
Resolver el transporte urbano en una ciudad como Lima tiene, sin duda, varias aristas complejas. Pero nada de lo que se pide aquí es una utopía: son prácticas básicas de planificación que cualquier municipio serio debería aplicar. No pedimos una revolución; pedimos que dejen de tratarnos como si no importáramos. Porque cada hueco sin tapar, cada obra sin plan alterno y cada pista rota dos veces no es solo una molestia: es la medida exacta del respeto que las autoridades tienen por su gente.
Omar Gonzalo Noriega Ramírez. Coronel EP (R). Maestro en Estudios Estratégicos. Consultor Senior. Investigador Senior – Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional (CEGESEN).